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Energías Renovables y el problema de credibilidad de la Administración

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No es ninguna novedad para los que nos dedicamos al sector de las energías renovables, para sus consumidores y desgraciadamente, para los pequeños productores: la Administración tiene un serio problema de credibilidad, ahora ya a nivel internacional.

De la ley inicial (publicada el 2004 por el último Consejo de Ministros del entonces presidente Aznar), en la que se quería potenciar la promoción de instalaciones solares fotovoltaicas (entre otras) en régimen de venta de energía a la red, todas las posteriores leyes emanadas de los diferentes gobiernos socialistas (presidente Zapatero) han ido recortando y descabezando las exigencias y la retribución a las nuevas instalaciones. Cada una de estos recortes, pero, ha sido con efectos retroactivos, dejando en una situación comprometida a los afectados.

El penúltimo tropiezo fue con el gobierno del presidente Rajoy: se eliminaba definitivamente la posibilidad de este tipo de instalaciones, se fijaba un nuevo impuesto por las renovables y, en la última aprobación de hace unas pocas semanas, se determinaba limitar por ley el rendimiento económico de una instalación renovable. Las más afectadas son aquellas instalaciones fotovoltaicas en las que los pequeños inversores han volcado ahorros, esfuerzo y fe, viendo como este último revés ha sido letal para muchos de ellos: el flujo de pagos contratados con las entidades financieras pueden ser ya superiores al volumen de ingresos previstos por la venta de la energía. También se han visto afectadas las instalaciones eólicas, pero la gran diferencia radica en que detrás hay grandes grupos inversores.

Según Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables) estamos hablando de 55.000 pequeños productores afectados, un el colectivo que afirma haber sufrido una pérdida del 40% de los ingresos que hasta ahora garantizaba el Estado.

Aquellas entidades financieras con una tradición de compromiso con el tema medioambiental aseguran que harán lo que razonablemente sea necesario por renegociar los préstamos y evitar que los pequeños inversores pierdan el patrimonio invertido. La otra cara de la moneda la presenta una entidad de ámbito nacional, de las llamadas sistémicas, que ha dado órdenes de no admitir ninguna renegociación, aunque comporte pignorar la planta fotovoltaica (como los que no pueden pagar la hipoteca de su vivienda). Se sospecha que esta práctica puede estar alimentada por la creencia que en un futuro la planta fotovoltaica seguirá siendo una buena inversión, y que seguro la podrán revender a otros inversores interesados sin demasiadas dificultades de financiación o líquido, haciendo así un negocio redondo. Muchos, por lo tanto, se cuestionan la moralidad de esta práctica, que saca rentabilidad del riesgo, el esfuerzo y la fe de estos pequeños inversores.

La influencia de las compañías eléctricas y sus complicidades con la administración en este asunto no es un tema menor. Nos proponemos analizar esta cuestión en un post próximamente, pero sí queremos que nuestra opinión quede muy clara: desde CenCat nos preguntamos ¿cómo diantre un país con menos sol como es Alemania, con un mix energético sustancialmente similar al nuestro, ha encontrado en las renovables una solución a medio-largo plazo? ¿Y porque es para España un problema? Tenemos claro que se debe reclamar a esta Administración que ha perdido el norte que facilite el acceso al ciudadano a fuentes de energía renovables de forma asequible, y no aniquile aquellas iniciativas que permitirían a todos, productores, distribuidores y consumidores, formar parte de la rueda energética que tiene que cambiar el bienestar de las generaciones futuras.

 Imagen extraída del post http://energiasrenovadas.com/la-tragedia-fotovoltaica-provoca-dramas-personales/



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